Esta semana en nuestra facultad de Derecho se hizo una recogida de firmas y una manifestación en contra de la Ley de abogacía34/2006, que no se pondrá en vigor hasta Octubre de 2011. La situación en cuanto a esta ley es la siguiente: en el año 2006 las Cortes aprobaron una Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que afecta, directamente, a los estudiantes de Derecho. Se trata de esta Ley 34/2006, que viene a sustituir al sistema de títulos anterior y establece que para ejercer dicha actividad no bastará con el título de licenciado o graduado en Derecho, puesto que imponen la realización de un posgrado y posterior examen estatal para poder ejercer la abogacía, mientras que hasta ahora valía con licenciarse y colegiarse.
La ley establece un periodo de 5 años para que aquellos alumnos que se encuentren actualmente cursando la licenciatura de Derecho tengan tiempo de terminar y colegiarse antes de que se comience a aplicar la Ley, que será, como dije antes, en Octubre de 2011.
La recogida de firmas que se inició en nuestra facultad no fue la única ya que se iniciaron hace unas semanas más recogidas en delegaciones de toda España. Éstas tienen como objetivo una Iniciativa Legislativa Popular, es decir, una proposición de ley para modificar la dicha Ley de abogacía sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los tribunales. Esta iniciativa recoge las reivindicaciones que los representantes de estudiantes de Derecho han estado discutiendo desde Mayo del año pasado.
Bien, pero además de esto me gustaría que viéramos la opinión de otros grupos como los Colegios de Abogados. Los Colegios de Abogados de España están muy satisfechos con la implantación de este proyecto de ley ya que recoge aspectos que el colectivo reclamaba desde hace más de un siglo. "La Ley de Acceso es absolutamente necesaria para homologarnos con Europa y responder a las exigencias de calidad profesional que demandaba la sociedad. La abogacía española llevaba años pidiéndolo", señala D. Antonio Hernández Gil, Presidente del Colegio de Abogados de Madrid.
En cuanto al examen final del que se habla en esta Ley, la prueba de evaluación final tendrá el mismo contenido en todo el territorio nacional y será evaluada por una Comisión de evaluación compuesta por representantes de los Ministerios de Justicia, Educación y Ciencia. La convocatoria será como mínimo anual y no habrá límite de plazas.
Después de esta exposición, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre ello. Esta Ley se lleva a cabo porque como hay demasiados abogados, pues para reducir el número un poco. Bien, y la gente que haya acabado esta carrera, que ha estado 4 años de grado y 1 de posgrado, ¿por qué tienen que someterse a esta prueba final?, ¿es que no han realizado ya bastantes pruebas a lo largo de esos 5 años como para tener que someterse a ese examen? Entonces, la gente que se haya esforzado durante 5 años y por cualquier circunstancia le salga mal este examen final, ¿qué pasará con ellos? ¿Han tirado 5 años de su vida para algo que no les dejarán ejercer? Esto sin pensar en el dinero que han invertido en dicha carrera y que no podrá ser amortizado ya que sin aprobar esa prueba los 5 años de carrera no sirven para nada. Y, por último, otro punto que me gustaría tocar es que si el fin de esta Ley es reducir el número de abogados en España, ¿por qué no suben la media para cursar la carrera de Derecho?, que actualmente está en un 5 con poco, y quizás así ahorrarle 5 años a mucha gente. Pero claro quizás esa opción no interese y sea más fácil fastidiar a mucha gente justo cuando han acabado la carrera.
Os dejo aquí un ENLACE para esta Ley 34/2006, por si queréis hacer cualquier tipo de consulta.